El defensor del Pueblo, Eduardo Cobos, realizó en LA GACETA un balance del año de gestión y destacó el fuerte incremento de reclamos atendidos en la provincia, el impacto de la quita de subsidios nacionales y los avances logrados en áreas sensibles como energía, pensiones no contributivas y electrodependientes.
“Ha sido un año difícil para todo el mundo, y particularmente para quienes estamos del lado de la defensoría de la gente”, señaló el funcionario al referirse al contexto nacional y a la decisión del Gobierno de avanzar con la eliminación de subsidios. En ese sentido, advirtió que muchos usuarios del interior provincial enfrentan dificultades para acceder a información clave debido a la digitalización de trámites. “No todo el interior tiene la posibilidad de manejar aplicaciones o sistemas de internet”, remarcó.
Entre los principales logros del año, el defensor remarcó la intervención en el conflicto de los planes de ahorro para automotores. Explicó que, tras gestiones en la Legislatura, se logró una prórroga de un año que impide el secuestro de vehículos y permite renegociar deudas. “Eso da un grado de igualdad frente a las terminales, sin la presión de que te quiten la prenda”, sostuvo.
Otro eje central fue la situación de los electrodependientes. Cobos recordó que la ley es clara respecto a la obligación de garantizar equipos de energía alternativa seguros y confirmó avances judiciales y administrativos. “Ya se ganó un juicio y hay un programa para el recambio de equipos. No se puede seguir usando grupos electrógenos dentro de las casas”, afirmó.
También destacó el trabajo realizado en torno a las pensiones no contributivas, cuya restitución comenzó a efectivizarse tras presentaciones judiciales. “La Nación empezó a devolver las pensiones. Todas las que vinieron acá cobraron, pero no por venir, sino porque se hizo la presentación judicial y se obtuvo una resolución favorable”, explicó.
Cobos remarcó que la Defensoría dejó de limitarse a recepcionar reclamos y avanzó en el seguimiento de los casos. “Nos animamos a dar un paso más: no cerrar la actuación con el simple trámite, sino hacer el seguimiento. Eso dio resultados”, indicó. Como dato, precisó que de un promedio histórico de 2.000 actuaciones anuales se pasó a más de 40.000.
En cuanto a los reclamos más frecuentes, señaló a los servicios públicos como el principal motivo de consulta. La segmentación energética, los aumentos imprevisibles en las boletas y la falta de comprensión del sistema digital generaron una fuerte demanda. “Hoy no sabés cuánto vas a pagar el mes que viene. Esa imprevisibilidad es lo que más nos cuesta atender”, aseguró.
También mencionó una problemática emergente: la búsqueda de empleo. “Es una novedad que personas vengan a la Defensoría a pedir trabajo, tanto jóvenes como gente que perdió su empleo”, indicó, aunque aclaró que no se trata del reclamo principal.